Autos de lujo, efectivo y firmas bajo sospecha: la causa AFA suma otra capa explosiva

La situación judicial de la cúpula de la AFA ya no se explica solo por la causa por retención indebida de impuestos y aportes. Ese frente sigue abierto, con Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino procesados, embargos de $350 millones y una apelación en trámite ante la Cámara en lo Penal Económico. Pero en paralelo empezó a consolidarse otra imagen todavía más incómoda: la de una estructura donde aparecen chats, pagos en efectivo, oficinas señaladas como punto de circulación de dinero, empresas sospechadas de actuar como pantallas y bienes de lujo difíciles de justificar.

Los nuevos elementos difundidos esta semana por TN empujan esa lectura. Según esa reconstrucción, en mensajes atribuidos a Juan Pablo Beacon, ex mano derecha de Toviggino, y al financista Diego Pasztor se habrían pactado entregas de dinero en efectivo con referencias precisas a vehículos, fechas y lugares. Las operaciones habrían ocurrido entre mayo de 2021 y el 2 de marzo de 2022, con 42 pagos por un total de US$ 13.277.000. Las entregas, siempre según esa documentación, se habrían realizado en autos de alta gama como BMW, camionetas 4×4 y un Volkswagen Passat negro, con destino en la oficina de Beacon en Lavalle 1718, señalada en la investigación como “la Rosadita de la AFA”.

Ese punto es importante porque cambia el tono del caso. Ya no se trata solo de una discusión contable sobre si la AFA pagó tarde o no pagó determinados aportes. Lo que empieza a aparecer es una operatoria paralela, opaca y cada vez más difícil de encuadrar como una simple desprolijidad administrativa. Cuando una causa empieza a mostrar efectivo por millones, entregas fuera del circuito formal y sociedades bajo sospecha, la defensa basada en el error burocrático pierde potencia. Eso no equivale a una condena, pero sí configura un patrón mucho más serio que el de una mera omisión tributaria.

También conviene poner un límite claro para no sobreactuar. Lo conocido hasta ahora son chats y documentación incorporada o difundida en el marco de investigaciones judiciales y periodísticas. No hay todavía sentencia firme que cierre responsabilidad penal por estos hechos. De hecho, varias coberturas hablan expresamente de “supuestos chats” y de maniobras “bajo investigación”. Un análisis serio no debería saltar de indicio a condena. Pero el extremo opuesto, minimizar todo como si fueran piezas inconexas, también empieza a ser poco creíble. La acumulación de episodios ya no parece casual.

Esa acumulación se ve mejor cuando se cruza esta novedad con antecedentes recientes. En marzo, La Nación reveló chats en los que Toviggino aparecía actuando como si administrara Malte SRL, la firma que compró la mansión de Pilar vinculada luego a Real Central SRL. En esos mensajes se hablaba de depósitos “por ventanilla”, de manejo de cheques y de movimientos de dinero asociados a la empresa. La nota también recordó que en el estudio de Beacon se había grabado el video del conteo de US$ 115.600, justamente como parte de un método para controlar efectivo y evitar robos internos. Ese antecedente no prueba por sí solo cada nuevo movimiento, pero sí le da contexto y continuidad al expediente.

A eso se sumó ahora otra línea que vuelve todavía más delicado el cuadro. Infobae informó que en una resolución del juez Luis Armella aparecen pagos de la AFA a Real Central SRL por aproximadamente $415 millones bajo el concepto de “servicios de logística y traslados”. Según esa reconstrucción, las órdenes de pago fueron recibidas por Luciano Pantano y aprobadas por Toviggino, y la Justicia investiga si esos desembolsos tenían justificación económica real o si formaban parte de una operatoria para desviar recursos hacia firmas vinculadas al propio entorno dirigencial. Si esa sospecha avanzara, el problema ya no sería solo de evasión o retención indebida: sería un esquema más amplio de administración fraudulenta, sociedades instrumentales y eventual auto-beneficio.

Como si eso fuera poco, la causa empezó a rozar además otro territorio extremadamente sensible en el fútbol argentino: los arbitrajes. La Nación reportó en marzo que se presentó una denuncia penal tras la difusión de supuestos chats entre el árbitro Luis Lobo Medina y Beacon, identificado en esos intercambios como “amigo de Pablo” Toviggino. En esa cobertura también se recordó que Beacon operaba desde la misma oficina de Lavalle 1718, donde la Justicia cree que circulaba dinero no declarado de la AFA. A esta altura, la imagen que se va armando no es la de una institución aislada que tropezó con un problema impositivo. Es la de una caja de poder donde empiezan a mezclarse finanzas opacas, sociedades sospechosas, arbitrajes y relaciones internas demasiado densas para ser casuales.

El golpe político es grande porque afecta el relato central del ciclo Tapia. Durante años, la cúpula de la AFA consiguió blindarse detrás de los éxitos deportivos, la conducción ordenada del fútbol local y la idea de que, después del caos posterior a Grondona, el sistema había recuperado estabilidad. Ese capital simbólico hoy ya no alcanza para neutralizar una pregunta mucho más elemental: si la gestión era tan prolija y tan exitosa, ¿por qué se multiplican las causas, los chats comprometedores, las oficinas marcadas por el conteo de billetes y las empresas ligadas al entorno dirigencial? El problema ya no es solo judicial. Es también de credibilidad institucional.

En el fondo, la AFA enfrenta algo peor que una mala semana de titulares. Enfrenta el riesgo de que se consolide una lectura estructural: que detrás del poder deportivo hubo también un modo de manejo oscuro, informal y blindado por relaciones personales. Todavía falta mucho para saber hasta dónde llegará la responsabilidad penal de Tapia, Toviggino y su entorno. Pero una cosa ya cambió: la causa dejó de ser una discusión técnica sobre aportes y pasó a convertirse en una radiografía mucho más inquietante del poder real que se movía detrás del fútbol argentino.