Auditorías en PAMI: Ortiz en la mira

El cambio llegó y no pide permiso. El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) inició una serie de auditorías internas para revisar los mecanismos de provisión de insumos, entrega de medicamentos y contrataciones dentro del organismo. Esta medida, anunciada oficialmente mediante un comunicado institucional, busca erradicar décadas de uso político del PAMI como caja negra. Y en La Pampa, los ecos son inevitables: el delegado Ortiz está en la mira, y su continuidad empieza a tambalear.

Durante años, el PAMI fue colonizado por el clientelismo. Las delegaciones, lejos de funcionar como espacios sanitarios y administrativos al servicio de los jubilados, se convirtieron en estructuras paralelas de poder: favores, acomodos, medicamentos entregados por discrecionalidad, contratos sin licitación, proveedores amigos. El comunicado oficial del PAMI lo dice sin eufemismos: “Durante años, la política convirtió al PAMI en una caja. Usaron el Instituto para hacer negocios, y montar estructuras clientelares en cada rincón del país.”

No es una exageración. Es una confesión institucional.

Y ahora, eso se acabó.

Desde una óptica liberal, esta decisión es ejemplar. Javier Milei prometió un Estado más chico, más eficiente y, sobre todo, más transparente. Y está cumpliendo. Las auditorías en PAMI no son una vendetta interna ni un show mediático. Son una respuesta necesaria al hartazgo de décadas de descontrol y desidia. El comunicado oficial agrega: “Estamos terminando con años de descontrol y connivencia entre funcionarios y proveedores.”

Eso es gobernar. Eso es hacer lo que nunca se animaron a hacer.

La auditoría no debe verse como un castigo sino como un acto de justicia institucional. Un gobierno que se atreve a revisar sus propios rincones, a investigar a los suyos y a poner bajo la lupa incluso a funcionarios propios, es un gobierno que se toma en serio la palabra credibilidad.

En La Pampa, las consecuencias políticas ya se sienten. Si bien no hay confirmaciones oficiales con nombre y apellido, fuentes confiables aseguran que el delegado local, Ortiz, está siendo investigado por su rol en la administración de fondos y por presuntas irregularidades en el uso de “vías de excepción”. Estas vías, que deberían utilizarse en casos urgentes o extraordinarios, habrían sido abusadas sistemáticamente para eludir licitaciones y direccionar compras de medicamentos e insumos.

¿Quién autorizó esos desvíos? ¿Quién se benefició? ¿Quién lo sabía y lo permitió?

Las respuestas están siendo buscadas. Y la lupa está sobre Ortiz.

Pero este no es solo un caso administrativo. Es también una señal del malestar interno que atraviesa al espacio libertario en La Pampa. Mientras algunos sectores parecen seguir replicando viejas lógicas de poder, otros actores internos vienen advirtiendo desde hace tiempo sobre estas prácticas.

Una de las voces más firmes en este sentido es la de Victoria Rambur, referente del ala que muchos llaman ya la “tercera posición” dentro del liberalismo pampeano. Rambur ha denunciado, tanto de forma pública como dentro del partido, irregularidades administrativas, contrataciones poco claras y favoritismos dentro de organismos clave como el PAMI y ANSES. Durante meses, sus advertencias fueron ignoradas o relativizadas por las dos alas mayoritarias del espacio. Hoy, la realidad le da la razón.

La coherencia es el valor más escaso en política. Y Rambur lo está demostrando.

Mientras tanto, sectores opositores se agarran de esta interna para intentar embarrar la cancha, hablar de “crisis libertaria” o “pelea por cargos”. Pero no es así. Lo que está ocurriendo es, justamente, lo contrario: por primera vez en años, hay un gobierno dispuesto a auditar su propio poder. A diferencia del kirchnerismo, que defendía a sus funcionarios hasta lo insostenible (y después les organizaba actos de despedida), el liberalismo exige cuentas claras, aún entre los suyos.

Esto no es debilidad. Es fortaleza ética.

Desde el entorno de PAMI lo dejaron claro: “No se va a tolerar que la plata de los jubilados termine en manos de vivos que durante años hicieron negocios al margen de la ley.” Esa frase debe enmarcarse. Porque marca un antes y un después.

Hoy, el PAMI se está ordenando. Se acabaron los medicamentos como favor político. Se terminó el desvío de fondos. La transparencia no es una opción: es un deber.

Lo que ocurre hoy en La Pampa debe ser un punto de inflexión. El liberalismo no puede permitir que algunos utilicen el aparato estatal con las mismas mañas que criticamos durante años. La verdadera batalla no es sólo contra el kirchnerismo ni contra la casta. También es contra el oportunismo disfrazado de cambio.

Las auditorías no son un problema. Son parte de la solución. Y deben ser celebradas, no escondidas. El futuro del liberalismo está en su capacidad de depurarse, de corregirse y de honrar sus valores. La única manera de consolidar un modelo distinto es con ejemplaridad, no con excusas.

En tiempos de cambio, la claridad moral es la moneda más valiosa. Y hoy, quienes apuestan por un liberalismo ético, firme y sin atajos, tienen que mantenerse en pie. Porque el verdadero cambio recién comienza.