Aldo Fabián Araya: El cacique de Unanue.

Aldo Fabián Araya es el actual presidente de la Comisión de Fomento de Unanue, una pequeña localidad del sur pampeano. Desde ese cargo, ha protagonizado uno de los escándalos más graves que combinan abuso de poder, sospechas de corrupción e impunidad institucional. Denunciado por acoso sexual, formalizado judicialmente por coacción agravada, investigado por maltrato laboral y señalado por irregularidades en la rendición de fondos públicos, Araya es parte de una estructura política local que se sostiene en el silencio y la falta de transparencia.

En 2021, una empleada de limpieza de la posta sanitaria de Unanue denunció a Aldo Fabián Araya por presionarla para tener relaciones sexuales, bajo amenaza de perder su trabajo. El hecho, según el relato de la víctima, ocurrió en marzo de 2020, dentro del despacho oficial del jefe comunal. Ella, madre de tres hijas menores y en situación de vulnerabilidad, habría sido coaccionada por Araya aprovechando su posición jerárquica en la comuna.

El caso fue tomado por la fiscalía de General Acha y formalizado por el fiscal Juan Bautista Méndez, quien imputó a Araya por el delito de coacción agravada por violencia de género. Durante la audiencia judicial, el intendente se abstuvo de declarar, sin emitir ningún descargo. La jueza de control aceptó las medidas preventivas solicitadas por la fiscalía: prohibición de acercamiento y contacto con la denunciante por 90 días.

Como parte de la investigación, se autorizó la apertura del celular del imputado, que había sido secuestrado por la fiscalía, con el objetivo de recuperar mensajes cruzados con la víctima y otras dos mujeres que también habrían sido acosadas por Araya, aunque sin llegar a concretar un encuentro. Estas medidas fueron enmarcadas en la Ley Nacional 26.485 de protección integral contra la violencia hacia las mujeres.

En abril de 2021, tras varios meses de investigación, se dictó el sobreseimiento de Araya. Según el fallo de la jueza de control de General Acha, “no surgieron elementos de prueba que permitan sostener la acusación”. Aunque esa decisión cerró el proceso judicial, no hubo explicación pública sobre los resultados de las pericias al celular ni sobre los testimonios de las otras testigos. Tampoco se aclaró si el sobreseimiento fue por inexistencia de delito o por falta de pruebas suficientes para elevar a juicio.

Pese a que el caso no llegó a sentencia, las restricciones judiciales impuestas, la formalización penal, y las medidas ordenadas por la justicia dan cuenta de la gravedad de la acusación, que fue tratada con hermetismo por las autoridades provinciales y silenciada en gran parte del aparato político.

En paralelo, Araya fue denunciado por una empleada pública permanente que ocupaba un cargo administrativo en la comuna. Según la presentación, el intendente le retuvo el sueldo durante seis meses y la desvinculó por supuestas ausencias injustificadas, cuando en realidad le habría asignado tareas que no correspondían a su puesto.

La defensa de la mujer denunció abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y retención indebida de haberes. El sindicato ATE también intervino, y el caso quedó radicado en el fuero penal. Aún no se conoce su resolución judicial.

Los cuestionamientos hacia la gestión de Araya no terminan en el ámbito penal. El Tribunal de Cuentas de La Pampa detectó irregularidades administrativas y omisiones en la rendición de fondos de la comuna de Unanue bajo su presidencia.

En resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, se exigió a Araya y a otros funcionarios el reintegro de sumas que no fueron debidamente justificadas. En marzo de 2014, se le formularon cargos por $5.500 pesos correspondientes a febrero de 2011, y posteriormente, otros $26.600 de marzo del mismo año. Aunque los montos pueden parecer menores, reflejan una gestión con deficiencias estructurales en el control del gasto y en la documentación de compras, contrataciones y pagos.

No consta públicamente que esos fondos hayan sido devueltos ni que se haya iniciado ninguna causa penal derivada de esas irregularidades.

El caso de Araya no es aislado. Su antecesor en el cargo y referente político, Manuel Costoya, fue condenado en 2020 por peculado en una causa conocida como “las facturas truchas”. La justicia pampeana determinó que Costoya se apropió de más de 5 millones de pesos de fondos públicos, mediante maniobras fraudulentas en las rendiciones de cuentas. Fue condenado a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Araya no fue imputado en esa causa, pero durante años formó parte de la misma estructura local, y su nombre aparece en varias resoluciones contables de ese período.

Pese a las denuncias por abuso sexual, las causas por despidos arbitrarios, las observaciones del Tribunal de Cuentas y su vínculo político con un condenado por corrupción, Aldo Fabián Araya sigue al frente de la comuna de Unanue.

No se encontraron registros públicos de elecciones recientes en las que se haya presentado otra lista. Tampoco se conocen con precisión los años exactos que lleva en el cargo ni cuántas veces fue reelecto. Este vacío institucional refleja la falta de control y transparencia que existe en muchas localidades del interior profundo, donde los cargos se convierten en feudos sostenidos por el clientelismo, la impunidad y el miedo a perder el empleo.

Desde Pampa Liberal, denunciamos con claridad: el abuso de poder no puede normalizarse, la corrupción no puede naturalizarse y el silencio no puede seguir siendo cómplice.