Abusó siendo intendente y aún puede serlo otra vez: el fallo que indigna a Córdoba

José Eugenio Díaz, exintendente de El Brete, un pequeño municipio del departamento Cruz del Eje en la provincia de Córdoba, fue condenado a tres años de prisión condicional por haber abusado sexualmente y coaccionado a seis mujeres entre los años 2002 y 2004. El fallo, emitido tras un acuerdo de juicio abreviado, volvió a poner sobre la mesa un drama silenciado por años: el abuso institucional bajo ropajes de poder y complicidad.

La sentencia, dictada a más de dos décadas de ocurridos los hechos, incluyó la admisión expresa de Díaz, quien reconoció que los ataques ocurrieron en su propio despacho durante su mandato como autoridad máxima del pueblo. Las víctimas, todas mujeres que trabajaban o tenían vínculo institucional con el municipio, relataron cómo fueron manipuladas, amenazadas y obligadas a guardar silencio durante años, en un entorno donde denunciar equivalía a arriesgarlo todo.

Más allá de los hechos en sí —ya de por sí aberrantes— lo que desató una verdadera ola de indignación fue la declaración del abogado defensor del acusado: según su lectura técnica, Díaz no enfrenta ningún tipo de inhabilitación para ocupar cargos públicos en el futuro. En otras palabras, un hombre condenado por abuso sexual y coacción mientras ostentaba poder estatal podría, en teoría, volver a ejercer funciones públicas, siempre que cuente con los votos. Para muchas personas, eso no es sólo un absurdo legal: es una nueva agresión simbólica contra las víctimas.

A ello se suma un acuerdo económico que rozó lo insultante en su desproporción: cada una de las mujeres que aceptó la instancia recibió como reparación la suma de 3,5 millones de pesos. Pero, ¿cuánto vale una década de silencio forzado? ¿Cuánto se paga por una vida con miedo, por el daño físico, emocional y laboral que esto significó?

Frente a estos hechos, cobra aún más fuerza la necesidad de una verdadera revolución institucional. Una donde el poder no sea garantía de impunidad. Donde quienes delinquen desde un cargo público no puedan retornar a él sin restricciones. Una sociedad verdaderamente liberal no defiende personas: defiende principios. Transparencia. Justicia real.

Que el caso de José Eugenio Díaz sirva como punto de inflexión. Porque el futuro —uno realmente libre— sólo puede construirse si dejamos atrás para siempre la connivencia con el autoritarismo encubierto. Aunque vista traje, aunque lleve banda, aunque conserve el título de “honorable”.