Absuelven por falta de pruebas, pero el Estado sigue oliendo a nafta y corrupción

La justicia de General Pico absolvió a dos trabajadores —un empleado municipal del área de Tránsito y un playero de una estación de servicio— que habían sido acusados de estafar a la Municipalidad mediante una presunta maniobra con vales de combustible. El supuesto perjuicio: apenas 36 litros de nafta. El proceso judicial, que se extendió desde 2022 y fue elevado a juicio en abril de este año, culminó con la decisión de la jueza María José Gianinetto de aplicar el principio de duda razonable y dictar la absolución.

Pero más allá del fallo, el caso deja al descubierto una serie de fallas estructurales que deberían incomodar a cualquier defensor del estatismo. Según explicó el abogado defensor Michel Divoy, la acusación sostenía que el empleado municipal habría obtenido vales de combustible de forma irregular, que luego eran utilizados por el empleado de la estación de servicio para desviar el dinero. Sin embargo, la investigación no logró demostrar ni la existencia de vales en blanco ni una conexión directa entre los acusados y el supuesto fraude. Los testigos del Ministerio Público Fiscal fueron confusos, contradictorios, e incluso reforzaron la teoría de la defensa. Un video presentado como prueba resultó ambiguo y abierto a múltiples interpretaciones, lo que terminó beneficiando a los imputados bajo el principio de inocencia.

La defensa también planteó una cuestión de insignificancia: ¿vale la pena movilizar todo el aparato judicial por 36 litros de nafta? Aunque la jueza no tomó este argumento como base para el fallo, el punto es revelador. El derecho penal está diseñado para proteger bienes jurídicos relevantes, no para perseguir a trabajadores por presunciones débiles y perjuicios mínimos. El hecho de que el Estado haya gastado tiempo, recursos y reputación en un proceso tan frágil, demuestra ineficiencia e injusticia.

Pero el daño ya está hecho. El empleado municipal conserva su trabajo, pero el playero fue despedido por la estación de servicio, bajo la presunción de haber cometido un delito que nunca se comprobó.

Divoy lo calificó como una barbaridad: “Se lo despide porque cometiste un delito, perdimos la confianza en vos, pero ese delito después no pudo ser comprobado. Los daños que se le han causado al empleado de la estación de servicio son numerosos”. El estigma judicial, especialmente para una persona joven, puede marcar una vida entera, incluso cuando la justicia finalmente absuelve.

Y aún así, la causa podría continuar. El Ministerio Público Fiscal ya anunció que apelará ante el Tribunal de Impugnación, y la Municipalidad —como querella— también tiene abierta esa posibilidad. El sistema estatal, lejos de cerrar heridas, las prolonga. Y lo hace sin asumir responsabilidad por los errores procesales, las acusaciones infundadas o los daños colaterales.

La solución no está en más controles estatales, sino en menos improvisación y más responsabilidad. En menos sospechas y más trazabilidad. En menos estigmas y más libertad. Porque solo con reglas claras, incentivos correctos y gestión profesional, podemos construir un sistema que sirva a las personas, y no que las persiga por errores que ni siquiera cometieron.