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Ofelia Fernández, presidenta del centro de estudiantes del Colegio Carlos Pellegrini
La Pampa · 3 min

¿Te acordás cuando acusaron a Ofelia Fernández de encubrir un abuso en una toma de facultad?

Por Redacción Pampa Liberal

El episodio, ocurrido durante una toma estudiantil, generó cuestionamientos sobre el rol de la entonces dirigente en el manejo de la denuncia y los tiempos que tardó en conocerse.

En una sociedad donde la libertad individual y la responsabilidad personal deben ser principios inquebrantables, es inquietante recordar episodios donde estos valores fueron relegados en pos de discursos clientelistas y relativistas. Un caso paradigmático fue el encubrimiento de un grave abuso sexual durante una toma estudiantil en 2017, donde Ofelia Fernández, entonces dirigente estudiantil progresista, optó por proteger al agresor en vez de respaldar a la víctima y exigir justicia efectiva.

Durante aquella toma en el histórico Colegio Nacional de Buenos Aires, una alumna menor sufrió un abuso por parte de un estudiante mayor, un hecho que conmovió a toda la comunidad. Sin embargo, lejos de actuar con transparencia y firmeza, el centro de estudiantes liderado por Fernández decidió ocultar el episodio. La justificación: respetar supuestos deseos de la víctima, pero en la práctica una clara minimización del daño y una excusa para eludir responsabilidades. Lo más grave es que pasaron más de veinte días antes de que las autoridades tomaran conocimiento formal del abuso, evidenciando la ineficacia y la falta de compromiso real cara la protección de derechos fundamentales.

En vez de pedir justicia y que el agresor fuera sancionado, Fernández prefirió desviar el foco hacia la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI) y denunció la “revictimización” a través de los medios. Este doble discurso refleja la contradicción del progresismo: pregonan la defensa de derechos colectivos y la tutela estatal, pero al momento de enfrentar responsabilidades individuales campea la opacidad y la cultura de la impunidad. La ESI, herramienta válida para una sociedad mejor informada, no debe transformarse en una coartada para proteger al victimario o eludir la acción judicial.

Este caso revela la asfixiante cultura estatista y paternalista que rige hoy en muchos espacios educativos y políticos. En lugar de incentivar a cada individuo a asumir su responsabilidad y denunciar injusticias, se priorizan discursos ideológicos y clientelistas que terminan perjudicando a quienes deberían protegerse con fuerza: las víctimas y los ciudadanos que esperan transparencia. La prioridad debe ser siempre la defensa inequívoca de la propiedad más sagrada: la libertad individual y la integridad física, protegidas por un Estado limitado que garantice justicia eficiente.

En definitiva, recordar este episodio no es solo señalar una equivocación de un actor político, sino denunciar un patrón profundo de irresponsabilidad y doble estándar. La libertad implica enfrentar con valentía los problemas, responsabilizar a los infractores y apoyar a las víctimas sin excusas ni demoras. Solo desde una cultura que premie la responsabilidad individual y un Estado eficiente, aprenderemos a construir una sociedad justa, libre y respetuosa. Que este recuerdo sea un llamado a no tolerar más encubrimientos ni relativismos que dañan tanto a las personas como al tejido social que anhelamos.

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