Para los pampeanos: recortes. Para los amigos del poder: $160 millones en un día. El desbalance moral del Gobernador.
En una sola jornada, la administración de Sergio Ziliotto destinó más de 160 millones de pesos a clubes y fundaciones seleccionados con criterios poco claros, mientras hospitales y escuelas rurales siguen postergados.
El Gobierno de La Pampa volvió a exhibir una contradicción que ya se volvió costumbre: mientras a la población se le exige ajuste, prudencia y resignación, el Poder Ejecutivo libera millones en subsidios sin pestañear. En una sola jornada, la administración de Sergio Ziliotto firmó más de 160 millones de pesos en aportes dirigidos a clubes y fundaciones elegidas con una selectividad que no resiste el menor análisis de prioridad pública.
La contradicción no es técnica; es moral. No se trata de que el deporte o la asistencia social no necesiten apoyo. Se trata de que, al mismo tiempo que se repite que “no hay plata”, los hospitales del interior operan con insumos al límite, las rutas están en estado crítico, las escuelas rurales siguen postergadas y los trabajadores estatales escuchan que el Estado “no puede hacer más”. Sin embargo, cuando se trata de instituciones alineadas políticamente o insertas en el ecosistema del poder provincial, los recursos aparecen sin demora, sin debate legislativo y sin transparencia real sobre los criterios de asignación.
Tres clubes del interior recibieron más de cuatro millones cada uno para afrontar gastos del Pre Federal de Básquet. Otra vez: no es el deporte el problema. Es la orden de prioridades. Cada uno de esos subsidios equivale a ambulancias que no se compran, obras escolares que se demoran o mejoras en centros de salud que siguen pendientes. Sin embargo, el discurso oficial insiste en que la Provincia atraviesa un contexto delicado y que todos deben “hacer un esfuerzo”.
La segunda tanda revela el verdadero núcleo del asunto: dos fundaciones de Santa Rosa recibieron setenta y cinco millones de pesos cada una para programas de contención y reinserción social. No se conocen evaluaciones de impacto, criterios de selección, auditorías previas ni resultados medibles. Tampoco se explican los motivos por los cuales estas dos organizaciones son consideradas más urgentes que cualquier área crítica del Estado provincial. En cualquier jurisdicción seria, un monto de esta magnitud requeriría debate público; en La Pampa, alcanza con una resolución administrativa.
Mientras se ajusta a los pampeanos, se privilegia a quienes orbitan el poder. Esa es la síntesis. El Gobierno pide comprensión ante las tarifas, resignación ante el aumento del costo de vida y paciencia frente al deterioro de los servicios provinciales, pero no aplica esos mismos estándares hacia su propio entramado político. La austeridad es un discurso, no una práctica.
La pregunta que queda flotando es inevitable: si hay fondos para repartir más de 160 millones en un día, por qué no hay fondos para mejorar el sistema de salud, para reparar rutas destruidas, para reforzar la seguridad, para modernizar escuelas o para actualizar salarios estatales. La respuesta es incómoda, pero evidente. El problema nunca fue la plata. El problema siempre fueron las prioridades.
En una provincia donde los ciudadanos viven ajustados, el poder político vive cómodo. Y esa distancia, cada vez más visible, ya no puede disimularse con comunicados ni discursos. Es la distancia que define, con total claridad, qué significa gobernar mirando a la gente… y qué significa gobernar mirando hacia adentro.