No quieren subsidios, quieren que los dejen producir: el grito industrial contra las tasas municipales

En Argentina, producir es un acto de resistencia. Según un relevamiento reciente de la Unión Industrial Argentina (UIA), las empresas industriales pagan en promedio 7,4 tasas municipales. No se trata de impuestos nacionales ni provinciales, sino de tributos locales que se multiplican sin lógica ni coordinación. Cada municipio aplica su propio esquema, y el resultado es una maraña fiscal que asfixia al sector productivo formal. El estudio abarcó más de 100 municipios y reveló que, en cada uno, se abonan 1,4 tasas distintas en promedio. El industrial no solo debe lidiar con la inflación, la falta de crédito y la competencia desleal: también debe enfrentar una jungla tributaria que penaliza la inversión.

La doble imposición es uno de los problemas más graves. Muchas tasas se superponen con impuestos provinciales como Ingresos Brutos, generando una carga redundante sobre la misma base imponible. Además, la falta de proporcionalidad y la ausencia de contraprestación individual son moneda corriente. Las empresas pagan por servicios que no reciben, en montos que no guardan relación con su tamaño ni su actividad. Esta situación afecta especialmente a la producción transable, es decir, aquella que compite en mercados internacionales. Mientras Brasil y Paraguay ofrecen incentivos fiscales para atraer industrias, Argentina las castiga con tributos municipales que varían de una cuadra a otra.

El presidente de la UIA lo dijo sin rodeos: “Las tasas municipales son un capítulo importante de la carga fiscal que afecta a la producción transable y alcanza al sector formal de la economía argentina, con un impacto directo en la competitividad de los productos argentinos”. El relevamiento expuso datos alarmantes: más del 81% de las tasas relevadas no tienen contraprestación. Es decir, se pagan sin recibir nada a cambio. Algunas empresas denunciaron tasas por “cartelería”, “ocupación de espacio aéreo” o “uso de vereda”, sin que exista una regulación clara ni una lógica económica detrás. En muchos casos, el monto se calcula sobre la facturación, lo que convierte a la tasa en un impuesto encubierto.

Uno de los tributos más distorsivos es la Tasa de Seguridad e Higiene (TISH), que representa 1 de cada 3 tasas que pagan las empresas. Su impacto es directo en el precio final de los productos: en el caso de los alimentos, la TISH representa el 1,8% del valor que paga el consumidor. En el 35% de los casos, esta tasa genera doble imposición con Ingresos Brutos. Las empresas abonan varios impuestos sobre una misma base imponible, lo que vulnera principios básicos de equidad tributaria. El resultado es una pérdida de competitividad, una menor inversión y una economía que se vuelve cada vez más informal.

El industrial argentino no pide subsidios. No quiere prebendas ni privilegios. Lo que exige es algo más básico: que lo dejen producir. Que no lo maten a tasas. La simplificación tributaria no es un lujo, es una urgencia. Si Argentina quiere atraer inversiones, generar empleo y competir en el mundo, debe empezar por ordenar su sistema fiscal.