Madre retira a su hija por falta de acción en escuela pública
El caso de una madre en Santa Rosa que decidió retirar a su hija de la Escuela Nº 74 por la falta de acción ante el acoso escolar refuerza una vez más la alarmante ineficiencia del sistema educativo público para proteger a los alumnos. La niña de apenas 10 años soportó burlas, agresiones y amenazas durante años y, pese a los reclamos formales de la señora Soledad Senfeld Aulestiarte, la respuesta de la escuela fue pasiva, hasta dejarla prácticamente desamparada frente a los ataques. La solución fue dar de baja la educación estatal y buscar refugio en un colegio privado, donde la niña finalmente puede hacer la tarea sin miedo y recuperar su tranquilidad emocional.
Este episodio sintetiza la clásica contradicción entre estatismo e iniciativa privada. En una escuela pública, regida por estructuras burocráticas lentas y muchas veces capturadas por intereses clientelistas, la gestión de conflictos graves como el bullying suele diluirse en evasivas, comisiones interminables y falta de medidas concretas. El bienestar y la seguridad del alumno quedan subordinados a la inercia administrativa y a la tendencia al encubrimiento, como en este caso donde la directora admitió no poder actuar plenamente por la situación legal de la agresora. Mientras tanto, la salud emocional de una niña se vio seriamente dañada, y la familia debió ejercer por fin un derecho básico: elegir una alternativa educativa que garantice seguridad y respeto.
El sector privado, en cambio, opera bajo un régimen de competencia real donde la eficiencia, la satisfacción del cliente (en este caso, los padres y alumnos) y la calidad en el servicio son imperativos. Un colegio privado pierde alumnos y reputación ante fallas como el bullying no atendido, y por ello está mucho más incentivado a intervenir con rapidez y eficacia. La madre que ante la desidia estatal opta por la educación privada no hace sino ejercer libertad; es decir, la capacidad de decidir en función del bienestar individual y familiar cuando el Estado fracasa en su función básica.
Es pujante en este episodio la evidencia de que el monopolio estatal en educación suele traducirse en negligencia hacia problemáticas individuales urgentes, y que el monopolio elimina opciones y refugios para quienes menos pueden esperar. Si el gobierno cumpliera su rol limitadamente, estableciendo marcos generales y supervisando resultados, pero dejando en manos de privados la gestión directa, este tipo de sufrimientos evitarían que los afecte y se corrijan con agilidad esos graves problemas.
Finalmente, es crucial reflexionar que la libertad educativa no es un privilegio, es un derecho elemental que permite a las familias evitar los daños de la ineficacia estatal. La protección de la niñez no puede depender de una burocracia resistente al cambio ni de excusas legales para alentar la pasividad. En la contienda entre la libertad y la rigidez estatal, la única vía para asegurar la seguridad y desarrollo integral de los niños es fortalecer la posibilidad de elección, fomentar la competencia educativa y reducir la exclusividad del Estado en la educación. Solo así evitarán más “Soledades” tener que adoptar la medida extrema de huir a la educación privada para proteger lo más valioso: la tranquilidad y futuro de sus hijos.