La UCR de Córdoba estalla: pedidos de expulsión, acusaciones cruzadas y un partido que ya no logra sostenerse

La UCR de Córdoba volvió a entrar en combustión interna. Un grupo de referentes presentó ante el Comité Provincia un documento que exige sanciones severas, incluso expulsiones, contra algunos de sus dirigentes más influyentes: Rodrigo de Loredo, Soledad Carrizo, Marcelo Cossar y varios intendentes que acompañaron listas ajenas durante las últimas elecciones legislativas. La acusación es contundente: colaborar, fiscalizar o hacer campaña en contra de la Lista 3, debilitando al propio partido en un proceso electoral clave.

El texto detalla cada caso por separado. Cossar es señalado por incorporarse como funcionario del Ministerio de Defensa promovido por el mileísmo, y por participar activamente de la estructura de fiscalización libertaria. Sobre De Loredo pesa el cuestionamiento de haber admitido públicamente que no votó a la UCR porque la lista estaba “confeccionada con peronistas”, algo que sus denunciantes califican de “falaz, repugnante y cobarde”. A Carrizo la apuntan por sus fotos en el búnker libertario junto a Bornoroni y Cossar, y por expresar que vería con buenos ojos una futura integración radical al gobierno nacional. Los intendentes implicados enfrentan un problema adicional: muchos necesitarán el sello radical en 2027 para competir por la reelección, lo que abre un juego de tensiones aún más complejo.

Detrás de estas acusaciones aparece un problema más profundo que excede los movimientos tácticos de campaña. La UCR cordobesa está atrapada en una disputa identitaria que ya lleva años y que, con cada elección, muestra fracturas más profundas. Las lealtades partidarias tradicionales ya no coinciden con la realidad política del país, y los movimientos de sus propios referentes lo exponen sin disimulo. Lo que antes era una interna silenciosa, ahora es un conflicto abierto que permea todas las líneas del partido.

El Tribunal de Conducta deberá evaluar las denuncias y determinar si existe base estatutaria para avanzar con sanciones. El antecedente de Myrian Prunotto, aún sin resolución definitiva, muestra lo difícil que es expulsar cuadros históricos incluso cuando hay voluntad política para hacerlo. Por eso, el trámite promete ser largo, polémico y con consecuencias que podrían repercutir directamente en la reconfiguración del radicalismo cordobés en los próximos años.

Mientras la UCR procesa su propio conflicto interno, el resto del escenario político argentino avanza a otra velocidad. El mapa electoral cambió, los espacios se realinearon y muchos dirigentes encontraron más futuro en alianzas nuevas que en estructuras que ya no contienen ni a sus votantes ni a su dirigencia. La crisis en Córdoba refleja este cambio de época. Es un partido que intenta sostener un orden viejo en un país que ya se mueve bajo otras lógicas.

La pregunta ya no es si habrá sanciones. La pregunta es cuánto más puede fracturarse el radicalismo antes de aceptar que el sistema político argentino cambió y que, guste o no, muchos de sus dirigentes ya caminan más cerca de otros espacios que del partido que dicen representar.