Fallo histórico: Argentina evita pagar US$500 millones por el Cupón PBI manipulado en 2013
La jueza Loretta Preska falló a favor del país en el litigio iniciado por los fondos Aurelius, que acusaban al INDEC de haber alterado el cálculo del PBI durante la gestión de Guillermo Moreno.
La Justicia de Estados Unidos volvió a fallar a favor de la Argentina en un caso clave que se desarrolló en los tribunales de Nueva York. Se trata del litigio por el llamado “Cupón PBI”, un instrumento financiero creado en 2005 como parte del canje de deuda, que prometía pagos adicionales a los bonistas si el Producto Bruto Interno (PBI) argentino superaba cierto nivel de crecimiento anual. El conflicto surgió porque, en 2013, el gobierno kirchnerista modificó la metodología de cálculo del PBI, lo que impidió que se activara el pago correspondiente.
Los fondos demandantes, agrupados en el caso “Aurelius”, acusaron al país de haber manipulado los datos oficiales del INDEC para evitar el desembolso. En ese momento, el organismo estaba bajo la conducción de Guillermo Moreno, y las estadísticas comenzaron a ser cuestionadas por organismos internacionales y analistas privados. El reclamo se centró en que el crecimiento anual informado fue de 3,2%, apenas por debajo del 3,3% que hubiera gatillado el pago de los cupones.
La jueza Loretta Preska ya había rechazado la demanda en julio de 2024, argumentando que los fondos no cumplieron con una cláusula contractual conocida como “No Acción”, que les impedía iniciar el juicio sin el respaldo de una mayoría de bonistas. El 16 de julio de 2025, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York reafirmó esa decisión y desestimó el pedido de revisión presentado por los demandantes.
Este fallo se suma a otro revés judicial que los mismos fondos recibieron recientemente en Irlanda, en el marco de la causa por la expropiación de YPF. En el caso del Cupón PBI, los demandantes solo lograron cobrar una parte estimada en 313 millones de euros, depositada por Argentina en marzo de 2024 como garantía para apelar, aunque ese intento fue finalmente rechazado.
La Procuración del Tesoro celebró el resultado como una victoria legal que evita una obligación de pago de aproximadamente US$500 millones. Más allá del alivio financiero, el caso pone en evidencia las consecuencias de decisiones políticas que alteran indicadores económicos clave. Desde una perspectiva liberal, este desenlace refuerza la importancia de contar con instituciones estadísticas independientes, reglas claras y contratos respetados. Cuando el Estado actúa con transparencia y profesionalismo, puede defender sus intereses sin caer en arbitrariedades que luego terminan en tribunales internacionales.