Elba Ortiz espera su casa hace casi tres décadas: el juez Sappa admitió que se equivocó
José Sappa, ministro del Superior Tribunal de Justicia de La Pampa, reconoció por escrito un error “palmario, excepcionalmente grosero” y no usó la herramienta legal que tenía para corregirlo. Elba Liliana Ortiz, que espera hace casi tres décadas recuperar su casa en el caso conocido como La Recova, pidió ahora su juicio político ante la Cámara de Diputados.
Si vos te atrasás tres días en pagar una boleta, te cae un recargo automático. Elba Liliana Ortiz espera hace casi tres décadas a que la Justicia pampeana le devuelva su propia casa.
Según la denuncia que ella misma presentó, hay un responsable con nombre y apellido: José Sappa, integrante de la Sala “A” del Superior Tribunal de Justicia de La Pampa.
El 18 de septiembre de 2026, Ortiz radicó ante la Cámara de Diputados un pedido de juicio político contra Sappa. La Secretaría Legislativa, a cargo del Dr. Juan Manuel Meana, verificó su identidad y su firma —los únicos requisitos que exige el artículo 8° de la Ley Provincial N° 1246— y dio curso a la actuación.
El expediente que reconstruyó El Diario de la Pampa no habla de una demora burocrática más.
La causa se llama “Ortiz Elba Liliana c/ Corredera Antonio s/ Desalojo”. Nació para que un ocupante devolviera el inmueble conocido como La Recova. La propia denuncia habla de 26 años de trámite en un párrafo y de 27 en otro: no vamos a inventar la cifra exacta, pero sí podemos decir que se trata de un cuarto de siglo largo sin sentencia firme.
El tramo que motiva el pedido de juicio político es mucho más reciente, y ahí está lo grave:
- Corredera, el ocupante, presenta un recurso extraordinario contra un fallo que lo perjudicaba.
- La Sala “A”, presidida por Sappa, lo admite “prima facie” el 10 de diciembre de 2025.
- Al revisar los requisitos técnicos, el propio tribunal advierte que el recurso no debería haber pasado el filtro de admisibilidad.
- Sappa lo reconoce por escrito: un “error palmario, excepcionalmente grosero y de hecho”.
- En vez de revocar su propia resolución —algo que el artículo 37, inciso 3°, del Código Procesal le permitía hacer—, la Sala mantuvo el trámite en pie.
En otras palabras: el juez supo que se había equivocado, tuvo la herramienta legal para arreglarlo en el acto, y no la usó. El expediente siguió su curso. El desalojo, sin resolverse.
La denuncia no se queda en la lectura de Ortiz. También cita al Procurador General Subrogante, Máximo Paulucci, quien consideró que el recurso del ocupante nunca debió pasar ese primer filtro de admisibilidad. El fiscal que interviene ante el Superior Tribunal llegó, por otro camino, a la misma conclusión que la denunciante.
Que la Cámara haya dado curso al trámite no significa que el juicio político vaya a prosperar. Significa, por ahora, que Ortiz cumplió los requisitos formales para presentarlo.
No es su primer intento. Ya había pedido la destitución de otros dos integrantes del Superior Tribunal, Verónica Canpo y Fabricio Losi, y ambos pedidos fueron rechazados in límine por mayoría. Este es el tercero. El diputado Maximiliano Aliaga votó, en al menos uno de esos casos anteriores, para que se avanzara a la instrucción.
No estamos diciendo que Sappa cobró algo, ni que actuó de mala fe, ni que el juicio político va a avanzar. Nada de eso está probado y no lo vamos a afirmar. Lo que sí está escrito, con la firma del propio magistrado, es el reconocimiento de un error grave que no se corrigió cuando había forma de corregirlo.
El Superior Tribunal de Justicia es el organismo que debería garantizar que los expedientes no se eternicen. La Cámara de Diputados tiene ahora el pedido sobre la mesa y deberá decidir si avanza a la instrucción o lo cajonea, como hizo con los anteriores. Ni el Superior Tribunal ni la Cámara explicaron públicamente, hasta hoy, por qué un desalojo puede demorar casi tres décadas sin resolverse.
Mientras tanto, Ortiz paga el costo. No puede usar ni disponer de un inmueble que, según sostiene, es suyo. Lo paga con algo que no se devuelve: el tiempo.
También lo pagamos todos, aunque no nos demos cuenta. Un Poder Judicial que tarda un cuarto de siglo en resolver un desalojo sale caro, tenga o no un juicio político de por medio.
No todos los expedientes duran treinta años ni todos los jueces se quedan de brazos cruzados frente a su propio error. Pero cuando pasa, alguien tiene que preguntar por qué.
¿Cuánto más tiene que esperar Elba Ortiz para recuperar lo que la propia Justicia admite que es suyo?