El Gobierno habilitó inversión privada para ampliar el transporte eléctrico sin usar fondos públicos
El Gobierno nacional dio un paso clave para resolver uno de los problemas estructurales más graves del sistema energético argentino: la falta de inversión en el transporte eléctrico. A través del Decreto 921/2025, la administración de Javier Milei habilitó la participación de inversión privada para ampliar la red de transporte de energía, sin comprometer recursos del Estado ni aumentar el gasto público.
La medida se enmarca en el Plan Nacional de Ampliación del Transporte de Energía Eléctrica y busca destrabar obras largamente postergadas que hoy generan cuellos de botella, riesgos de cortes de suministro y limitaciones al crecimiento productivo en distintas regiones del país. El diagnóstico oficial es contundente: durante años, el Estado reguló, intervino y prometió, pero no invirtió. El resultado fue un sistema frágil, saturado y cada vez más caro de sostener.
El nuevo esquema permite que las obras se ejecuten bajo el régimen de concesión de obra pública, mediante licitaciones nacionales e internacionales. Las empresas privadas estarán a cargo de la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura, asumiendo el riesgo del proyecto y recuperando la inversión según reglas claras y previsibles. El Estado, en cambio, deja de ser financiador directo y pasa a cumplir un rol de control y regulación.
La Secretaría de Energía será la encargada de llevar adelante los procesos licitatorios, desde la elaboración de los pliegos hasta la adjudicación, mientras que el Ministerio de Economía actuará como autoridad de aplicación. El objetivo es garantizar transparencia, competencia y eficiencia, evitando los esquemas opacos y discrecionales que caracterizaron al sector en el pasado.
Desde el Ejecutivo remarcan que esta decisión es coherente con la política de orden fiscal y déficit cero. En lugar de recurrir a subsidios, emisión o endeudamiento, se apuesta a atraer capital privado para resolver un problema concreto de infraestructura crítica. Más inversión, mejor servicio y menos presión sobre las cuentas públicas.
El fortalecimiento del transporte eléctrico es una condición indispensable para acompañar el crecimiento de la demanda, integrar nuevas fuentes de generación y reducir las restricciones que hoy afectan tanto a usuarios residenciales como a industrias y economías regionales. Una red más robusta no solo mejora la confiabilidad del sistema, sino que también aumenta la competitividad del país.
Con este decreto, el Gobierno consolida un cambio de paradigma en el sector energético: el Estado deja de ser un obstáculo y pasa a ser un facilitador. Menos improvisación, menos gasto político y más infraestructura real. Una señal clara de que el orden fiscal y la apertura a la inversión privada también pueden traducirse en servicios esenciales más eficientes y sostenibles.