El Gobierno privatizó Transener y logró una oferta 73% superior al piso esperado
La gestión de Javier Milei concretó una nueva privatización estratégica: adjudicó la participación estatal en Citelec, controlante de Transener, al consorcio integrado por Edison Transmisión y Genneia. La oferta ganadora fue de USD 356,17 millones, muy por encima del piso de USD 206 millones que esperaba el Estado.
El Gobierno nacional oficializó la privatización de la participación estatal en Transener, una de las empresas más importantes del sistema eléctrico argentino. La operación se realizó a través de la venta del paquete accionario que Energía Argentina S.A. tenía en Citelec, la sociedad controlante de Transener. El comprador fue el consorcio integrado por Edison Transmisión S.A. y Genneia S.A., que presentó una oferta de USD 356.174.811,78 sin IVA.
El dato político y económico es contundente: la oferta ganadora quedó cerca de 73% por encima del piso de USD 206 millones que el Estado esperaba obtener por la operación. Es decir, el proceso no solo avanzó en la salida del Estado de una empresa estratégica, sino que además logró una valuación muy superior a la base prevista.
La adjudicación fue formalizada mediante la Resolución 673/2026 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial. Allí se aprobó lo actuado en la segunda etapa del Concurso Público Nacional e Internacional de Etapa Múltiple para la venta de las acciones de Citelec pertenecientes a ENARSA.
Conviene aclararlo con precisión: cuando se habla de “privatización de Transener”, técnicamente se está hablando de la venta del 50% de las acciones de Citelec que estaban en manos de ENARSA. Citelec, a su vez, controla Transener, empresa titular de la concesión del transporte de energía eléctrica en alta tensión en la Argentina. El propio Boletín Oficial detalla que ENARSA era titular del 50% de Citelec, y que Citelec controla Transener con el 52,65% del capital accionario total.
La compulsa tuvo tres ofertas económicas. Edison Transmisión y Genneia quedaron primeras con USD 356,17 millones; Central Puerto quedó segunda con USD 301 millones; y Edenor tercera con USD 230 millones. La diferencia entre la primera y la segunda oferta también muestra que no se trató de una venta simbólica ni de un trámite administrativo sin competencia real. Hubo puja, hubo precio y hubo mercado.
Ese es el punto que incomoda al relato estatista.
Durante años, Argentina sostuvo una idea absurda: que el Estado debía conservar participación en empresas, activos y estructuras productivas como si eso fuera sinónimo automático de soberanía. Pero soberanía no es tener funcionarios sentados en sociedades comerciales. Soberanía es tener infraestructura funcionando, reglas claras, inversión, competencia, servicios sostenibles y un Estado que regule donde debe regular, no que se dedique a jugar de empresario con plata ajena.
Transener no es una empresa menor. Administra una infraestructura central del Sistema Argentino de Interconexión, con más de 12.600 kilómetros de líneas de 500 kV que atraviesan el país de norte a sur. La propia comunicación oficial del Gobierno la definió como parte de la columna vertebral del transporte eléctrico nacional.
Por eso la operación tiene peso económico, pero también institucional. No se está vendiendo un kiosco estatal ni una sociedad residual perdida en el organigrama. Se está avanzando sobre una participación accionaria vinculada a una infraestructura crítica, pero bajo un esquema donde el servicio continúa regulado por el Estado y operado por privados. La comunicación oficial fue clara en ese punto: el proceso busca retirar completamente al Estado de esa participación accionaria, consolidando el marco regulatorio eléctrico donde la prestación del servicio público queda en manos privadas bajo regulación estatal.
Esa diferencia es clave.
Privatizar no significa abandonar la regulación. No significa dejar al sistema eléctrico librado a la improvisación. No significa que el Estado desaparezca de su función de control. Significa que el Estado deja de ocupar un lugar empresario que no necesita ocupar y concentra su rol donde debería haber estado siempre: reglas, fiscalización, transparencia, competencia y cumplimiento de contratos.
El Estado argentino fue durante décadas un pésimo empresario. No porque todo funcionario sea incapaz, sino porque los incentivos están mal diseñados. Cuando una empresa queda bajo influencia política, se abre la puerta a nombramientos, demoras, opacidad, captura sindical, decisiones no económicas y uso partidario de activos públicos. Al final, el costo lo paga siempre el mismo: el ciudadano.
La privatización de Transener va en la dirección contraria: menos Estado empresario y más capital privado asumiendo riesgos. Esa es una señal sana para un país que necesita dejar de administrar escasez y empezar a reconstruir confianza.
El proceso, además, no fue cerrado entre cuatro paredes. El Boletín Oficial señala que se trató de un concurso público nacional e internacional y que las ofertas fueron consideradas razonables en función de la tasación realizada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior. También intervinieron la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, la Sindicatura General de la Nación y el servicio jurídico del Ministerio de Economía.
Esto importa porque el estatismo suele reaccionar ante cualquier privatización con el mismo libreto de siempre: “remate”, “entrega”, “negociado”, “vaciamiento”. Pero cuando aparece una licitación, tres oferentes, una oferta ganadora superior al precio base y una adjudicación formalizada en el Boletín Oficial, el relato queda bastante más incómodo.
¿Puede discutirse cada privatización? Por supuesto. ¿Hay que mirar quién compra, cuánto paga y qué compromisos asume? También. ¿El Estado debe controlar que el servicio funcione y que la infraestructura se mantenga? Sin dudas.
Pero una cosa es controlar seriamente y otra muy distinta es usar la palabra “estratégico” para justificar que el Estado se quede en negocios donde no agrega valor.
La izquierda y el peronismo suelen confundir propiedad estatal con interés público. No son lo mismo. Un activo puede ser privado y estar sometido a regulación pública. Un servicio puede ser prestado por privados y seguir siendo esencial. Una empresa puede estar fuera del Estado y aun así cumplir una función crítica para el país.
De hecho, ese debería ser el modelo normal en una economía seria: privados invirtiendo, compitiendo y operando; Estado regulando, auditando y sancionando cuando corresponde.
Lo contrario ya lo conocemos demasiado bien. Estado empresario, déficit, tarifas distorsionadas, falta de inversión, obras demoradas, estructuras politizadas y usuarios pagando las consecuencias de un sistema usado como herramienta electoral.
La salida estatal de Transener se inscribe en un proceso más amplio de privatización de activos de ENARSA. La Ley 27.742 declaró sujeta a privatización a ENARSA, y el Decreto 286/2025 autorizó el procedimiento para su privatización total mediante la separación de actividades y unidades de negocio.
Ese dato también es relevante: el Gobierno no está improvisando una venta aislada, sino ejecutando una política de reducción del Estado empresario. Puede gustar o no, pero tiene una lógica clara: ordenar activos, desprenderse de participaciones, obtener recursos y dejar que el sector privado opere donde el Estado no necesita estar.
La oferta de Edison-Genneia también deja una lectura de mercado. Si un consorcio privado paga USD 356 millones por una participación accionaria, es porque ve valor, proyección y capacidad de gestión. Nadie pone esa plata por romanticismo. La pone porque espera retorno. Y el retorno, cuando las reglas están bien diseñadas, viene de operar mejor, invertir mejor y capturar eficiencia.
Ahí está la diferencia entre la mirada liberal y la mirada estatista.
El estatista ve una empresa y pregunta: “¿cómo la retiene el Estado?”.
El liberal ve una empresa y pregunta: “¿quién puede gestionarla mejor y bajo qué reglas?”.
La primera mirada protege estructuras.
La segunda protege resultados.
Argentina necesita más de la segunda.
Porque el país no está sobrado de capital, infraestructura ni confianza. Está sobrado de empresas públicas mal gestionadas, sociedades estatales opacas, cargos políticos, privilegios administrativos y relatos que confunden gasto con desarrollo. En ese contexto, cada salida ordenada del Estado empresario es una señal de madurez.
La privatización de Transener no resuelve por sí sola los problemas del sistema eléctrico. Nadie serio debería venderla como magia. La Argentina sigue teniendo desafíos enormes en generación, transporte, distribución, tarifas, inversión, mantenimiento e infraestructura. Pero sí marca un camino: el Estado deja de ocupar lugares innecesarios y obliga a que el capital privado ponga plata real sobre la mesa.
Y esta vez la puso.
USD 356 millones.
Tres ofertas.
Un precio muy superior al piso.
Un activo estratégico que pasa a una conducción privada bajo regulación estatal.
Eso es bastante más concreto que cualquier consigna.
El kirchnerismo podrá gritar “entrega”. Los estatistas podrán hablar de “soberanía energética” como si la soberanía dependiera de tener burócratas en directorios. Pero los números cuentan otra historia: cuando el Estado se corre de donde no debe estar, el mercado aparece. Y cuando el mercado aparece en serio, paga.
La privatización de Transener muestra que el plan de Milei empieza a mover piezas estructurales. No solo ajuste de gasto. No solo equilibrio fiscal. También reforma del rol del Estado.
Menos empresario.
Más regulador.
Menos dueño de activos.
Más garante de reglas.
Menos política metida en empresas.
Más inversión privada asumiendo riesgo.
Ese es el cambio de fondo.
La Argentina no necesita un Estado que juegue a ser empresario. Necesita un Estado que haga cumplir la ley, proteja contratos, controle servicios esenciales y deje de usar empresas como refugio de poder político.
Transener es un caso testigo. Y el resultado, al menos en esta etapa, fue claro: el Gobierno vendió mejor de lo esperado, el mercado compitió y la participación estatal empieza a quedar atrás.
Otro ladrillo menos en la vieja Argentina del Estado empresario.
Otro paso más hacia una economía donde producir, invertir y gestionar deje de ser una concesión política y vuelva a ser una tarea de quienes saben hacerlo.