El Congreso activa dos reformas clave de Milei: trabajo e imputabilidad, en medio de presión sindical y política

El Congreso empieza a moverse en un terreno que incomoda a buena parte del sistema político argentino. Esta semana se constituyen las comisiones que deberán tratar dos proyectos centrales del gobierno de Javier Milei: la reforma laboral y la nueva Ley Penal Juvenil, que incluye la baja de la edad de imputabilidad. No se trata de iniciativas técnicas ni de ajustes menores. Son dos reformas que tocan nervios estructurales del modelo argentino y que explican por qué la resistencia ya empezó antes incluso del debate formal.

La reforma laboral, cuyo tratamiento comenzará en el Senado, apunta a revisar un régimen que hace décadas funciona más como un sistema de exclusión que como un generador de empleo. El proyecto propone modificar el esquema de indemnizaciones, crear un Fondo de Cese Laboral acordado por convenio, reducir contribuciones patronales para fomentar la contratación formal e introducir la figura del “colaborador independiente”, bajo un régimen de autonomía que rompe con la lógica rígida de la relación de dependencia tradicional. A eso se suma el Banco de Horas, un mecanismo de flexibilidad que permite compensar jornadas sin convertir cada variación en un costo extraordinario.

El rechazo sindical fue inmediato y previsible. Los gremios denuncian una supuesta “pérdida de derechos adquiridos” y ya convocaron movilizaciones frente al Congreso. Sin embargo, el argumento oculta un dato clave: el régimen actual protege a quienes ya están adentro y expulsa a millones que nunca lograron ingresar al empleo formal. La rigidez laboral no es una conquista social; es una barrera que consolida privilegios y condena a la informalidad a los más jóvenes y a los menos calificados.

En paralelo, el oficialismo busca avanzar con la Ley Penal Juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años y crear un régimen especial para delitos cometidos por menores. El proyecto incorpora medidas socioeducativas, penas alternativas y límites claros a las condenas, excluyendo la prisión perpetua y fijando topes máximos. Para delitos graves cometidos por adolescentes de 14 años o más, se prevén sanciones más severas, aunque sin alojarlos en cárceles comunes.

Aquí también el debate está cargado de hipocresía. Durante años, la política evitó discutir la imputabilidad por temor al costo simbólico, mientras la realidad avanzaba por fuera de la ley. La llamada “puerta giratoria” no es un slogan: es el resultado de un sistema que dejó zonas enteras sin Estado, sin autoridad y sin consecuencias. La nueva ley no promete mano dura indiscriminada, pero sí responsabilidad penal real, algo que el marco vigente simplemente no ofrece.

Ambos proyectos exponen la misma lógica de fondo: Milei intenta alinear normas con la realidad, mientras gran parte del arco político defiende estructuras pensadas para un país que ya no existe. Por eso la resistencia no es solo ideológica, sino corporativa. Los sindicatos temen perder poder de veto sobre el mercado laboral; sectores de la oposición temen quedar del lado de una impunidad que la sociedad ya no tolera; y muchos gobernadores miran con preocupación cualquier reforma que altere el statu quo que administran.

En el Congreso, La Libertad Avanza busca acuerdos con los bloques llamados “dialoguistas” —PRO, UCR y Coalición Cívica—, consciente de que no alcanza con tener la iniciativa política: hay que construir mayorías. Las reuniones con gobernadores y las negociaciones en comisión anticipan un escenario tenso, donde cada voto tendrá costo y cada concesión será leída como una señal de debilidad o fortaleza.

Lo que se pone en juego no es solo el destino de dos leyes. Es una prueba de hasta dónde el sistema político está dispuesto a acompañar cambios que rompen con décadas de inercia. Si estas reformas avanzan, marcarán un quiebre con el modelo de parálisis que dominó la Argentina. Si se bloquean o se vacían, quedará claro que la resistencia al cambio sigue siendo más fuerte que la evidencia del fracaso.

El Congreso, una vez más, deberá elegir entre administrar conflictos o resolver problemas. La presión sindical y política ya está en la calle. Ahora falta ver si el poder legislativo se anima a discutir en serio o si vuelve a refugiarse en el cómodo inmovilismo que nos trajo hasta acá.