El cloro de Ferrán: cuando el progreso venía con olor a lavandina

En La Pampa, el discurso ambiental parece tener un interruptor. Se enciende cuando conviene políticamente y se apaga cuando estorba a los negocios del poder. Así quedó demostrado en uno de los episodios más controvertidos de la era kirchnerista pampeana: el intento de instalar una planta de cloro‑soda a manos de la empresa FIASA, promovido directamente por el entonces ministro de la Producción, Raúl Ferrán.

Corría el año 2009 y el relato del “desarrollo productivo” estaba en su apogeo. La administración provincial vendía el proyecto como una inversión estratégica: una planta química que produciría lavandina, crearía puestos de trabajo y dinamizaría la economía regional. Con 53 millones de pesos de inversión prometida y decenas de empleos proyectados, parecía una apuesta irresistible. Pero había un pequeño detalle: el proceso industrial implicaba el uso intensivo de cloro, soda cáustica y otros insumos peligrosos. Y todo eso iba a construirse sobre el sensible acuífero pampeano.

Lo que siguió fue un clásico de la vieja política: ocultamiento, arrogancia y desprecio por la ciudadanía crítica. Vecinos autoconvocados de General Acha —sin militancia ni intereses partidarios— comenzaron a preguntar lo que el gobierno no quería responder: ¿Qué tecnología iba a usarse para la electrólisis? ¿Qué tipo de residuos iba a generar la planta? ¿Cómo se iba a evitar la contaminación del agua? ¿Dónde estaban los estudios de impacto ambiental?

Ni Ferrán ni sus funcionarios dieron respuestas claras. Al contrario: el ministro calificó de “ecologistas extremos” a quienes se oponían, sugirió que la planta “sólo iba a hacer lavandina” y hasta insinuó que los cuestionamientos eran producto de “malas interpretaciones” o “miedo infundado”. ¿Su estrategia? Negar el riesgo, minimizar el debate y desacreditar a los ciudadanos preocupados.

Pero los vecinos no se callaron. Reunieron firmas, organizaron charlas, movilizaron a la comunidad. Y lograron que los concejos deliberantes comenzaran a votar ordenanzas que impedían la radicación de la planta. Frente a la creciente resistencia social, FIASA desistió y abandonó el proyecto. No por decisión técnica. No por evaluación ambiental. Por presión ciudadana.

Lo que quedó fue un escándalo político y una cicatriz institucional: un gobierno que prefirió aplacar las críticas antes que transparentar el proceso. Un ministro que desinformó en lugar de informar. Y un modelo de gestión que confundió “producir” con “imponer”.

Ahora bien, ¿dónde está la verdadera hipocresía? Quince años después, el mismo espacio político que quiso instalar una planta química sin garantías ahora se presenta como adalid del ambientalismo. Declaran la emergencia climática, organizan foros verdes, se sacan fotos plantando árboles. Hablan de “transición energética” mientras siguen subsidiando ineficiencias estructurales. Y se dicen defensores del agua cuando ni siquiera cuidaron la verdad cuando más se necesitaba.

¿Es ese el ambientalismo que merecen los pampeanos? ¿Uno que aparece en años electorales pero que en el poder es capaz de tapar datos, callar voces y atacar a la ciudadanía crítica?

La libertad también se defiende cuidando el ambiente, pero sobre todo defendiendo la verdad. La sociedad libre necesita información, debate y respeto por quienes preguntan. Y si alguien representa un riesgo para esa libertad, no es quien alza la voz, sino quien pretende silenciarla.

Este caso demuestra que el Estado no siempre protege. A veces encubre. Y que el “progreso” que se promete desde arriba, sin participación ni control, muchas veces esconde negocios, improvisación y desprecio por la gente. Por eso hoy más que nunca hace falta un nuevo paradigma: uno donde el desarrollo no sea excusa para el secretismo, donde el ambiente no se use como eslogan de campaña, y donde los ciudadanos no sean tratados como enemigos cuando simplemente quieren saber la verdad.