Córdoba busca eximir de Ingresos Brutos a un 95% de las pymes: ¿Un avance hacia el liberalismo económico?
La medida impulsada por Martín Llaryora busca reducir la carga tributaria sobre las pequeñas y medianas industrias cordobesas, en un gesto que el espacio liberal celebra como ejemplo a nivel nacional.
El anuncio del gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, de eximir del impuesto sobre los Ingresos Brutos a un 95% de las pymes industriales de la provincia no es un dato menor. En un país donde la carga tributaria suele ser asfixiante para las pequeñas y medianas empresas, esta medida representa un avance concreto hacia la libertad económica y un alivio tangible para un sector clave en la generación de empleo y desarrollo productivo. Reducir impuestos no solo estimula la inversión, sino que también fomenta la competencia y la eficiencia, valores esenciales del liberalismo clásico frente al estatismo excesivo y la burocracia paralizante.
El Estado, cuando se limita a facilitar un entorno en el cual el sector privado puede prosperar, cumple con su función básica: garantizar la propiedad privada y el respeto a las reglas de juego. Sin embargo, en Argentina, la intervención estatal suele ser sinónimo de doble imposición, regulaciones contradictorias y cargas que ahogan la iniciativa individual. La decisión de Córdoba de eliminar Ingresos Brutos para la mayoría de las pymes industriales es una rectificación ejemplar que debería extenderse a todo el territorio nacional, marcando el camino hacia un federalismo fiscal que otorgue autonomía a las provincias pero sin convertirse en una nueva fuente de impuestos confiscatorios.
Mientras sectores estatistas persisten en promover un modelo donde la industria depende del subsidio, la protección y la carga impositiva indiscriminada, Córdoba demuestra que la verdadera defensa del trabajo y el progreso está en liberar al sector productivo de ataduras fiscales. Menos impuestos generan no solo más empresas competitivas, sino también aumentan los ingresos fiscales a mediano plazo por la mayor actividad económica y la generación de empleo genuino, a diferencia del clientelismo y la asistencialismo que solo perpetúan la dependencia.
El “tridente del desarrollo” mencionado en el coloquio industrial —competir, invertir e integrar— sólo es viable si el sector privado cuenta con un Estado eficiente, limitado a lo esencial y facilitador del libre mercado. Córdoba ensaya una receta que otros deberían imitar: desburocratizar, reducir cargas tributarias y potenciar la capacidad de la industria local para competir en un mundo globalizado. No se trata solo de un beneficio para las pymes, sino de un mensaje claro hacia un modelo económico que respeta la libertad individual y promueve la prosperidad compartida sin atropellos estatales.
Este paso, aunque pequeño en la escala de las necesidades estructurales del país, es un faro para el liberalismo económico en Argentina. La verdadera fortaleza del desarrollo sostenido radica en proteger la iniciativa privada, asegurar la propiedad y reducir la intervención estatal a lo mínimo indispensable. Que Córdoba muestre el camino invita a reflexionar: si queremos un país próspero, el cambio debe empezar por liberar a nuestras empresas y a nuestros trabajadores de impuestos confiscatorios y de regulaciones arbitrarias. El futuro pertenece a la libertad económica que dignifica al individuo y potencia la prosperidad general.
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