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Rodecia Bernelli, presidenta de la Comisión de Fomento de Maisonnave
La Pampa · 4 min

Contrato trucho en Maisonnave: la Comuna gastó $11,6 millones en comida para hacienda que no era suya

Por Redacción Pampa Liberal

La Sentencia N° 2710 del Tribunal de Cuentas obliga a la presidenta de la Comisión de Fomento y a la tesorera a devolver más de $11,8 millones pagados a un privado por un contrato mal cumplido.

El caso de Maisonnave expone, con brutal claridad, todo lo que está mal en el modelo estatal pampeano que el peronismo construyó durante décadas: un sistema donde el dinero público circula sin control, donde los contratos dicen una cosa pero la práctica hace otra, y donde las responsabilidades se diluyen hasta que el Tribunal de Cuentas —la única institución que todavía deja rastros— obliga a devolver lo que nunca debió salir del bolsillo de los vecinos. Esta vez, la cifra es escandalosa: más de $11,8 millones de un presupuesto diminuto que terminó financiando gastos que debía asumir un privado.

La Sentencia N° 2710 del Tribunal de Cuentas fue explícita. La presidenta de la Comisión de Fomento, Rodecia Bernelli, y la secretaria tesorera, Jimena Rinaudo, deberán responder por un cargo de $11.810.025 tras haber pagado con fondos públicos maíz y rollos para alimentar hacienda perteneciente a un tercero. El contrato firmado con ese tercero, un emprendimiento llamado “El Ganadero”, no deja lugar a interpretaciones: establecía que la atención y alimentación corrían por cuenta del privado. Pese a eso, la Comuna terminó absorbiendo esos costos como si el dinero fuera propio y no de la gente.

Lo grave no es solo la irregularidad contable. Lo grave es la lógica. Un contrato que establece claramente una obligación privada fue ignorado y reemplazado por un mecanismo donde el Estado local —o más bien, sus funcionarios— actúa como financista de un acuerdo que no le corresponde. Ese comportamiento no es error, ni inexperiencia: es un incentivo interno del estatismo provincial, donde muchos funcionarios sienten que los recursos públicos son una extensión de su criterio personal. Y cuando un sistema se maneja así, los abusos no son accidentes: son una consecuencia natural.

A esta situación se suman las multas de $354.397 impuestas a cada funcionaria por falta de documentación respaldatoria, más otro cargo de más de $700.000 por facturas duplicadas y comprobantes inválidos según la Sentencia N° 2714. Todo el combo pinta una postal conocida: el Estado chico en escala, pero enorme en discrecionalidad; pequeño en estructura, pero gigante en gastos que nadie controla hasta que aparece un sumario.

El punto de fondo es otro: ¿por qué ocurre esto? Porque el modelo pampeano se construyó sobre una premisa que ya está agotada: la idea de que el Estado puede, sabe y debe administrar todo, incluso aquello que corresponde al sector privado. Esa concepción no solo es ineficiente, sino que crea un terreno fértil para la arbitrariedad. Y cuando el dinero no se siente como propio, se gasta sin cuidado, sin documentación, sin lógica económica. La Comuna de Maisonnave no actuó en nombre del interés público: actuó en nombre del viejo reflejo del “Estado paterno” que termina financiando a privados sin explicación.

Lo que este episodio deja en evidencia es la necesidad urgente de avanzar hacia un modelo distinto, uno que cambie los incentivos de raíz. Un Estado limitado, controlado, transparente y orientado a lo esencial no solo evitaría estos abusos, sino que obligaría a los privados a asumir sus riesgos y responsabilidades sin buscar atajos en la caja pública. La libertad —bien entendida— no es ausencia de reglas: es ausencia de privilegios. Y el estatismo pampeano ha sido, durante décadas, una fábrica de privilegios para pocos a costa de muchos.

Maisonnave es un caso, sí, pero no es una excepción. Es el resultado lógico de un sistema que nunca fue diseñado para rendir cuentas. Por eso, cuando estos hechos salen a la luz, no deben verse como “escándalos aislados”, sino como pruebas de que el modelo vigente ya no funciona. Lo que está en juego no es solo la devolución de $11,8 millones: es el tipo de provincia que queremos. Una donde el Estado siga actuando como patrón de estancia, o una donde la libertad, la responsabilidad y la transparencia sean la regla y no la excepción.

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