Milei envió la reforma electoral y va contra las PASO, el financiamiento político y los candidatos con condena

El Gobierno de Javier Milei envió al Congreso una reforma electoral que apunta a tocar tres nervios centrales del sistema político argentino: las PASO, el financiamiento partidario y la posibilidad de que personas condenadas compitan por cargos públicos. No es un proyecto menor ni una reforma administrativa más. Es una ofensiva directa contra reglas que durante años le permitieron a la política financiar sus internas con plata de los contribuyentes, sostener estructuras partidarias sobredimensionadas y reciclar dirigentes judicialmente cuestionados.

El punto más fuerte de la iniciativa es la eliminación de las PASO nacionales. Para el oficialismo, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias terminaron funcionando como una encuesta carísima pagada por el Estado. La crítica no es nueva, pero Milei la lleva ahora al plano legislativo: las internas de los partidos deberían resolverlas y financiarlas los partidos, no todos los argentinos. Reuters señaló que el Gobierno calificó a las PASO como un “experimento fallido” y recordó que las primarias de 2023 costaron alrededor de $45.000 millones sin resolver, en muchos casos, las internas reales de las fuerzas políticas.

La lógica liberal detrás de esa medida es bastante simple: si una agrupación política no puede ordenar sus candidaturas sin usar recursos públicos, el problema es de esa agrupación, no del ciudadano que paga impuestos. Durante años, las PASO fueron defendidas como una herramienta de democratización interna. Pero en la práctica muchas veces terminaron convertidas en un mecanismo donde el Estado organizaba y pagaba internas que los propios partidos no querían o no podían resolver. La pregunta incómoda es inevitable: ¿por qué un trabajador, un comerciante o una pyme tienen que financiar la pelea interna de estructuras partidarias que después hablan de austeridad solo cuando les conviene?

El segundo eje es la incorporación de Ficha Limpia, una regla destinada a impedir candidaturas de personas condenadas por delitos graves. Según las coberturas del proyecto, la iniciativa busca bloquear la postulación de dirigentes con condenas, en especial en casos vinculados a corrupción y delitos dolosos. La Nación detalló que el texto propone impedir que condenados en segunda instancia por delitos dolosos puedan ser candidatos.

Este punto toca otro privilegio histórico de la política argentina: la capacidad de seguir compitiendo electoralmente aun con condenas graves encima, bajo el argumento de que “todavía falta una instancia” o de que todo se resolverá eventualmente en la Corte. En términos jurídicos, el debate puede tener matices. En términos políticos, el sentido común social es mucho más directo: si a un ciudadano común una condena le puede destruir su vida laboral, ¿por qué un dirigente condenado debería seguir usando una boleta electoral como refugio de poder?

La tercera pata de la reforma apunta al financiamiento político. Milei anunció que quiere cambiar las reglas para terminar con la política viviendo “del bolsillo” de los argentinos, mientras Reuters informó que el proyecto también endurece restricciones sobre donaciones anónimas y aportes vinculados a entidades relacionadas con el juego o gobiernos extranjeros.

Ahí aparece una discusión todavía más profunda. La política argentina no solo se financió durante años con recursos públicos directos. También convivió con zonas grises, aportes difíciles de rastrear, campañas donde la rendición muchas veces llega tarde y estructuras que sobreviven más por la maquinaria estatal que por la adhesión genuina de ciudadanos. Si la reforma avanza en mayor trazabilidad, más límites y controles más estrictos, el sistema político tendrá menos margen para esconder bajo la alfombra una de sus prácticas más sensibles: cómo consigue y cómo gasta la plata.

El paquete también incluye mayores exigencias para la creación y conservación de partidos políticos. Reuters y La Nación señalaron que el proyecto eleva requisitos para formar y mantener personerías, una medida que el oficialismo presenta como forma de ordenar un sistema fragmentado y lleno de sellos que muchas veces aparecen solo en época electoral.

Este punto puede ser discutido. Un crítico dirá que subir requisitos puede dificultar la aparición de nuevas fuerzas y favorecer a partidos ya instalados. Pero el contraargumento oficialista es claro: no todo sello electoral representa una verdadera fuerza política. En la Argentina proliferaron partidos de alquiler, estructuras mínimas y herramientas electorales que sirven más para negociar lugares, fondos o alianzas que para expresar una representación social real. Ordenar eso no es necesariamente antidemocrático. Puede ser, si está bien diseñado, una forma de limpiar el sistema.

La oposición, como era previsible, va a leer la reforma con sospecha. Dirá que eliminar las PASO puede favorecer al oficialismo, que Ficha Limpia puede usarse selectivamente y que endurecer reglas partidarias puede achicar la competencia. Algunas de esas objeciones merecen ser escuchadas. Toda reforma electoral debe ser mirada con cuidado porque quien cambia las reglas suele tener intereses concretos en el juego. Pero tampoco se puede usar esa objeción como excusa para defender privilegios indefendibles.

Porque el núcleo del proyecto no es menor: terminar con internas financiadas por el Estado, impedir que condenados graves sean candidatos y exigir mayor transparencia en la plata de la política. Son tres medidas que, tomadas en abstracto, resultan difíciles de rechazar sin quedar parado del lado más incómodo del mostrador. ¿Quién quiere defender que el contribuyente pague internas partidarias? ¿Quién quiere defender que condenados por delitos graves sean candidatos? ¿Quién quiere defender campañas con financiamiento opaco?

El propio Milei lo resumió en redes con su estilo habitual: “Se acabó la impunidad. Se acabó la joda”. Detrás de la frase tribunera hay una idea política potente: el Presidente busca volver a instalar que la casta no es solo un grupo de dirigentes, sino un sistema de reglas, fondos, excepciones y mecanismos que permiten que la política se reproduzca a sí misma con costos que pagan otros.

La reforma todavía deberá atravesar el Congreso, donde no tiene garantizado un trámite sencillo. Necesitará votos, negociación y capacidad para resistir la presión de los partidos que se verían afectados por la eliminación de las PASO y por un financiamiento más estricto. El País señaló que la iniciativa genera rechazo en sectores opositores que la consideran oportunista y favorable al oficialismo de cara a las próximas elecciones.

Pero incluso si el debate legislativo se vuelve áspero, Milei ya logró correr el eje. Puso a la política a discutir si quiere seguir obligando a los argentinos a pagar sus internas, si acepta que personas con condenas graves sigan compitiendo y si está dispuesta a transparentar de verdad su financiamiento. Ese es el terreno donde el oficialismo se siente cómodo: obligar al sistema a defender sus propios privilegios en público.

En definitiva, la reforma electoral no es solo una discusión técnica. Es una batalla por el costo, la limpieza y la legitimidad del sistema político. Milei apuesta a presentarla como otro capítulo de su pelea contra la casta. La oposición intentará mostrarla como una maniobra de conveniencia. Pero la pregunta de fondo es más simple y más incómoda: si la política quiere recuperar credibilidad, ¿por qué se resiste tanto cuando alguien propone que sus internas las pague ella, que sus candidatos no tengan condenas graves y que su plata se vea con más claridad?