Milei avanza con una reforma profunda del sistema de inteligencia y refuerza la contrainteligencia

El gobierno de Javier Milei dio un paso decisivo en la reorganización del Sistema de Inteligencia Nacional con una reforma de segunda generación que apunta a corregir vicios históricos, modernizar estructuras y adaptar la inteligencia argentina a las amenazas del siglo XXI. La iniciativa, instrumentada mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, profundiza los cambios iniciados en 2024 y modifica aspectos centrales de la Ley 25.520.

El objetivo declarado es claro: ordenar, profesionalizar y legitimar un sistema que durante décadas estuvo marcado por superposiciones, zonas grises y desvíos de función. La reforma busca integrar capacidades, mejorar controles y separar definitivamente la inteligencia estratégica de cualquier uso político o policial indebido.

Comunidad de Inteligencia y Comunidad Informativa

Uno de los ejes centrales es la creación de una Comunidad de Inteligencia, un ámbito permanente de integración funcional bajo la conducción de la Secretaría de Inteligencia del Estado. Este espacio permitirá compartir información estratégica entre organismos especializados y sumar saberes sectoriales —económicos, tecnológicos, sanitarios, financieros y comunicacionales— al análisis nacional.

En paralelo, se instituye una Comunidad Informativa, integrada por organismos que no producen inteligencia en sentido estricto, pero aportan datos relevantes para ampliar la base informativa del Estado. El esquema apunta a reducir compartimentos estancos y a mejorar la calidad del conocimiento estratégico.

Ciberseguridad y ciberinteligencia: funciones separadas

La reforma establece una separación clara entre ciberseguridad y ciberinteligencia. La primera se enfocará en la protección de redes, sistemas y activos críticos, con la creación del Centro Nacional de Ciberseguridad en el ámbito de la Jefatura de Gabinete. La ciberinteligencia, en cambio, se concentrará en la obtención de conocimiento estratégico desde el ciberespacio. Esta distinción busca mayor transparencia, cooperación internacional y acceso a financiamiento específico.

Contrainteligencia con rol preventivo

Otro punto clave es la redefinición del rol de la Agencia de Seguridad Nacional, que pasará a dedicarse exclusivamente a tareas de contrainteligencia. El nuevo marco legal explicita su carácter preventivo: detectar espionaje, sabotaje e injerencia extranjera, incluyendo amenazas tecnológicas y cognitivas. La investigación criminal queda claramente en manos de las fuerzas de seguridad, evitando superposiciones con funciones policiales.

Defensa y eliminación de superposiciones

En materia de defensa, el DNU elimina una superposición histórica al disolver la estructura paralela de inteligencia militar y concentrar la producción de inteligencia estratégica militar en el Estado Mayor Conjunto. Se fortalece así el enfoque conjunto y la articulación con el sistema nacional de inteligencia, optimizando recursos y capacidades.

Asimismo, se habilita formalmente la solicitud de apoyo técnico o logístico de las Fuerzas Armadas y de seguridad para tareas específicas —sensores, plataformas y medios técnicos— sin confundir funciones ni competencias.

Más control interno y conducción clara

La reforma refuerza los mecanismos de control interno. La actual División de Asuntos Internos se transforma en Inspectoría General de Inteligencia, con mayores atribuciones para auditorías, investigaciones internas, control de legalidad y supervisión presupuestaria. Además, la designación de autoridades de los órganos desconcentrados queda centralizada en la conducción del sistema, fortaleciendo la responsabilidad jerárquica.

Un cambio de paradigma

Desde el Ejecutivo sostienen que la reforma busca cerrar definitivamente la etapa del espionaje político y la improvisación, y abrir un nuevo paradigma basado en reglas claras, controles efectivos y profesionalismo. En un escenario global marcado por la competencia tecnológica, la desinformación y las amenazas híbridas, el Gobierno apuesta a una inteligencia integrada al Estado, con foco estratégico y límites precisos.

La señal política es contundente: menos opacidad, más control; menos rosca, más Estado serio. Con esta reforma, la administración Milei intenta dejar atrás un pasado de desvíos y construir un sistema de inteligencia acorde a los desafíos actuales y futuros del país.