Mientras Milei empuja reformas, Ziliotto defiende el status quo con más pedidos a Nación

La reunión del gobernador Sergio Ziliotto en Casa Rosada con funcionarios del Gobierno nacional volvió a exponer una tensión política que ya no se disimula: mientras la administración de Javier Milei avanza con reformas estructurales para corregir los desequilibrios de fondo de la economía argentina, La Pampa insiste en una agenda basada en reclamos, transferencias y excepciones al cambio.

Ziliotto se sentó a la mesa con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, con una lista de pedidos previsibles: deuda histórica, finalización de viviendas del Procrear, mantenimiento de rutas nacionales, asistencia por incendios rurales y cuestionamientos al paquete de reformas laborales y fiscales que impulsa el Ejecutivo nacional.

El mensaje político fue claro. La provincia reclama recursos y obras, pero se desmarca explícitamente de las reformas que buscan modificar las condiciones que generaron, justamente, la dependencia crónica de las provincias respecto del Estado nacional.

Uno de los ejes centrales del planteo pampeano fue la supuesta deuda de Nación con la provincia, que Ziliotto estimó en más de 400 mil millones de pesos “a valores actuales”. Sin embargo, el reclamo omite un punto clave del debate fiscal argentino: durante años, La Pampa —como la mayoría de las provincias— se benefició de un esquema de coparticipación y transferencias discrecionales que no exigía eficiencia, equilibrio ni reformas estructurales. El resultado fue un Estado provincial sobredimensionado y una economía privada incapaz de despegar con autonomía.

En materia de rutas, el gobernador volvió a exigir que el impuesto a los combustibles se destine íntegramente a infraestructura vial y propuso que Nación transfiera 600 kilómetros de rutas nacionales a la provincia. La iniciativa, presentada como una solución técnica, encubre un problema más profundo: la negativa sistemática a discutir el verdadero cuello de botella de la infraestructura argentina, que no es la falta de impuestos sino la mala asignación de recursos y décadas de obra pública usada como herramienta política.

El capítulo de viviendas refuerza la misma lógica. Ziliotto pidió la transferencia de 636 viviendas del programa Procrear para que la provincia pueda terminarlas y adjudicarlas. El planteo vuelve a girar en torno a la administración estatal de la vivienda, un modelo que ya demostró su ineficiencia, sus sobrecostos y su dependencia permanente de fondos nacionales. Nada se dice sobre facilitar el acceso al crédito privado, reducir impuestos a la construcción o liberar suelo urbano, medidas que sí atacarían el problema de fondo.

Donde la contradicción se vuelve más explícita es en el debate sobre la reforma laboral. Mientras el Gobierno nacional sostiene que es imprescindible modernizar el sistema para generar empleo formal y atraer inversiones, Ziliotto se posiciona como “crítico” del rumbo económico y social, reclamando consensos amplios y participación de sindicatos y pymes. Traducido a la práctica, es una defensa del statu quo: un esquema laboral rígido que excluye a millones de argentinos del trabajo registrado y castiga a las pequeñas empresas.

El rechazo pampeano se apoya además en el argumento fiscal. La provincia estima que la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias para empresas y la baja de contribuciones patronales implicaría una pérdida de entre 20.000 y 35.000 millones de pesos anuales. Para Ziliotto, el problema es la merma de recursos; para el Gobierno nacional, encabezado en lo económico por Luis Caputo, el foco está puesto en el crecimiento, la inversión y la creación de empleo, aun cuando el impacto fiscal sea transitorio.

La discusión de fondo es política e ideológica. Milei plantea un cambio de paradigma: menos Estado, más mercado, menos impuestos y reglas claras para producir. Ziliotto, en cambio, administra una provincia que se resiste a ese cambio y prioriza preservar su esquema de ingresos, aun cuando eso implique frenar reformas que podrían dinamizar la economía real.

La foto en Casa Rosada muestra algo más que una reunión institucional. Refleja dos modelos en tensión. De un lado, un Gobierno nacional decidido a romper con la lógica de parches, subsidios y reparto discrecional. Del otro, un gobernador que reclama recursos, obras y excepciones, pero se opone a las transformaciones que podrían reducir, en el futuro, la necesidad de esos mismos reclamos.

La pregunta que queda abierta no es cuánto le debe Nación a La Pampa, sino cuánto tiempo más las provincias van a intentar sostener un modelo agotado pidiendo fondos mientras bloquean las reformas que podrían devolverles autonomía económica real.