La Justicia frenó al juez kirchnerista: el protocolo antipiquetes sigue vigente
El magistrado había suspendido la herramienta a pedido del CELS, pero la Cámara restableció su vigencia mientras se resuelve la apelación presentada por el Ejecutivo.
A menos de 24 horas de que un juez federal intentara desactivar una de las principales herramientas del Gobierno en materia de orden público, la Justicia volvió a poner las cosas en su lugar. Este martes se confirmó que el protocolo antipiquetes sigue plenamente vigente, luego de que se concediera la apelación presentada por el Ejecutivo y se suspendieran los efectos del fallo que lo había anulado.
La decisión representa un respaldo clave a la política de seguridad impulsada por el presidente Javier Milei, basada en una premisa sencilla pero largamente olvidada en la Argentina: el derecho a manifestarse no puede implicar el derecho a bloquear, extorsionar o paralizar a millones de ciudadanos.
El intento de anulación había sido firmado por el juez federal Martín Cormick, a partir de una acción de amparo presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). En su resolución, el magistrado sostuvo que el Ministerio de Seguridad no tenía competencia para dictar un protocolo de intervención ante cortes y manifestaciones, argumentando una supuesta afectación a derechos constitucionales.
Sin embargo, la respuesta judicial fue rápida y contundente. Al conceder la apelación del Gobierno, la Justicia Federal suspendió los efectos de la sentencia, dejando en claro que el protocolo continúa aplicándose mientras se resuelve el fondo de la cuestión. En los hechos, el fallo de Cormick quedó neutralizado.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, fue clara al comunicar la novedad: “El protocolo sigue vigente. La Justicia nos dio la razón y suspendió la sentencia que pretendía anularlo”. Además, ratificó la postura del Gobierno: no habrá marcha atrás en la recuperación del orden público.
El protocolo antipiquetes es una pieza central del cambio de rumbo iniciado por la actual administración. Establece criterios claros para la actuación de las fuerzas de seguridad frente a cortes de calles, rutas o accesos estratégicos, priorizando la libre circulación, el respeto por la ley y la protección de los derechos de quienes trabajan, estudian y producen.
Durante años, la Argentina fue rehén de un sistema de tolerancia selectiva, donde grupos organizados podían bloquear ciudades enteras sin consecuencias, mientras el resto de la sociedad pagaba el costo del caos. Ese modelo fue funcional a la política del apriete, la extorsión y el desorden. El protocolo vino a poner límites donde antes había complicidad.
La rápida suspensión del fallo judicial también deja al descubierto una tensión cada vez más evidente: el activismo judicial heredado del kirchnerismo frente a un Ejecutivo decidido a hacer cumplir la ley. En este caso, la Justicia actuó como contrapeso institucional y evitó que una resolución aislada desarmara una política pública respaldada por el voto popular.
El mensaje es claro. El orden no es negociable, la ley no es optativa y los privilegios de cortar calles quedaron en el pasado. Con el protocolo antipiquetes vigente, el Gobierno reafirma que la Argentina empieza a dejar atrás la lógica del caos para avanzar hacia una convivencia basada en reglas claras y derechos para todos, no solo para los que gritan más fuerte.