Fin de los privilegios: el Gobierno avanzó contra la AFA por evasión tributaria y previsional
El Gobierno nacional dio un paso clave en su política de orden y transparencia al avanzar contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por una presunta evasión tributaria y previsional millonaria. La acción fue impulsada por ARCA, que presentó documentación ante la Justicia por retención indebida de aportes y contribuciones, una práctica que, de confirmarse, configuraría un grave perjuicio al Estado.
Según trascendió, la investigación apunta a aportes previsionales y cargas sociales no ingresadas, correspondientes a trabajadores y actividades vinculadas al sistema del fútbol profesional. El monto bajo análisis superaría los $11.500 millones, lo que convierte al caso en uno de los más relevantes en materia de control fiscal sobre entidades históricamente protegidas por su peso político y social.
La medida alcanza directamente a la conducción de la AFA, encabezada por Claudio Tapia, y se inscribe en una línea clara del Ejecutivo: terminar con los regímenes de excepción, los atajos y la impunidad que durante años caracterizaron a sectores con poder de lobby.
Desde el Gobierno subrayaron que el procedimiento es técnico, regular y sin excepciones, idéntico al que se aplica a cualquier persona jurídica. El mensaje es inequívoco: el orden fiscal no distingue entre actores “populares” y el resto de los contribuyentes. Si hay deudas, se pagan; si hay irregularidades, se investigan.
El avance contra la AFA también vuelve a poner en discusión una práctica extendida en el fútbol argentino: retener aportes a los trabajadores sin ingresarlos al sistema, una conducta que, además de ilegal, impacta directamente en jubilaciones, obra social y derechos laborales. Para el Ejecutivo, la tolerancia histórica a estas maniobras explica parte del desorden estructural del sector.
En paralelo, la investigación se da en un contexto de mayor control estatal sobre entidades que manejan cifras millonarias, subsidios indirectos y contratos opacos. El Gobierno busca transparentar balances, exigir cumplimiento tributario y alinear al fútbol con las reglas básicas de cualquier actividad económica.
La conducción de la AFA respondió con comunicados defensivos y denunció una supuesta persecución política. Sin embargo, desde el oficialismo rechazan esa lectura y remarcan que no hay disputa ideológica, sino una obligación legal: cumplir la ley. En esa línea, recuerdan que durante décadas el fútbol gozó de tratamientos preferenciales, moratorias sucesivas y controles laxos.
El caso marca un cambio de época. En un país acostumbrado a que ciertos sectores negocien permanentemente con el Estado para evitar pagar, el Gobierno de Javier Milei avanza con una premisa simple: nadie está por encima de la ley. Ni los sindicatos, ni las empresas amigas, ni el fútbol.
Si la investigación prospera, no solo se tratará de recuperar recursos públicos, sino de sentar un precedente institucional: el fin de los privilegios no es un slogan. Es una política concreta. Y esta vez, el partido se juega en serio.