El Gobierno recortó un 25% del personal del Instituto Nacional de la Yerba Mate

El Gobierno nacional avanzó esta semana con un fuerte recorte en la estructura del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), en el marco de la política de desregulación y reducción del gasto público impulsada por el presidente Javier Milei. La medida implicó la desvinculación de 21 trabajadores sobre una planta total de 84 empleados, lo que representa una reducción del 25% del personal del organismo con sede en la provincia de Misiones.

La decisión fue adoptada por el directorio del INYM pocas semanas después de la asunción de Rodrigo Martín Correa como nuevo presidente del Instituto, tras casi dos años de acefalía. Desde el Ejecutivo señalaron que el recorte forma parte de un proceso de reorganización administrativa orientado a eliminar estructuras sobredimensionadas y gastos que no se traducen en mejoras concretas para los productores ni para los consumidores.

Según trascendió, el costo estimado de las desvinculaciones ronda los 800 millones de pesos, y no se descartan nuevas reducciones en el corto plazo. El objetivo oficial es adecuar el funcionamiento del organismo a un esquema más austero, eficiente y compatible con un mercado yerbatero menos intervenido por el Estado.

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) cuestionaron la medida y denunciaron que entre los despedidos habría delegados gremiales con tutela sindical. Sin embargo, fuentes oficiales aseguraron que el proceso se llevó adelante dentro del marco legal vigente y remarcaron que la reorganización responde a criterios técnicos y administrativos, no políticos.

El INYM fue creado en 2001, luego de una profunda crisis del sector, con la misión de regular precios y coordinar políticas entre productores, industriales y el Estado. Con el paso de los años, el organismo amplió su estructura y funciones, financiándose principalmente a través de una estampilla incorporada al precio final de la yerba mate. Para la actual gestión, ese esquema derivó en una burocracia costosa que terminó afectando la competitividad del sector.

Uno de los puntos de quiebre fue el Decreto 70/2023, que eliminó la facultad del Instituto para fijar precios de referencia. Desde el Gobierno sostienen que esa potestad generó distorsiones, desincentivó la inversión y provocó atrasos en los pagos a productores. En la misma línea, también se eliminó el tope a nuevas plantaciones, una regulación que limitaba el crecimiento del sector y la expansión hacia nuevos mercados.

De acuerdo con datos oficiales, la desregulación del mercado yerbatero ya comenzó a mostrar resultados: las exportaciones del sector alcanzaron un récord histórico en noviembre, consolidando un cambio de rumbo basado en mayor libertad económica, competencia y apertura comercial.

Con este recorte, el Gobierno refuerza su decisión de reducir el peso del Estado en áreas donde, según su diagnóstico, la intervención terminó siendo un obstáculo más que una solución. La reorganización del INYM se suma así a una serie de medidas orientadas a achicar la burocracia y devolverle protagonismo al sector productivo.