El Gobierno empieza a desarmar el castigo al campo: retenciones en baja hasta 2028
El Gobierno nacional oficializó una nueva reducción de los derechos de exportación para distintos productos agroindustriales y trazó un esquema de baja gradual de retenciones que se extenderá hasta fines de 2028. La medida fue instrumentada mediante el Decreto 423/2026 y alcanza a cadenas clave como soja, maíz, trigo, cebada, sorgo, girasol y determinados biocombustibles.
La decisión marca una señal clara hacia uno de los sectores más castigados por la presión fiscal argentina: el campo. Durante años, las retenciones funcionaron como un impuesto directo a la producción, la inversión y la exportación. En otras palabras, cuanto más producía el agro, más se quedaba el Estado.
El nuevo esquema establece reducciones diferenciadas según el ciclo productivo de cada cultivo. Para los cultivos de invierno, las rebajas comenzarán a regir de manera inmediata. En cambio, para los cultivos de verano se aplicará un cronograma gradual, con el objetivo de que las bajas estén vigentes al momento de la comercialización de la cosecha.
En el caso del trigo y la cebada, la alícuota para granos pasará del 7,5% al 5,5%. Además, productos industrializados de esas cadenas, como harinas, sémolas, almidones y malta, quedarán alcanzados por derechos de exportación de entre el 1% y el 3,5%.
La soja, uno de los puntos centrales de la medida, tendrá una baja progresiva: el poroto pasará del 24% vigente en 2026 al 21% en diciembre de 2027 y al 15% desde diciembre de 2028. El esquema también incluye derivados como aceites, harinas y pellets, que tendrán reducciones durante los próximos dos años.
También habrá cambios para el maíz, el sorgo y el girasol. Algunos productos quedarán directamente exentos del tributo y otros tendrán bajas escalonadas hacia 2028. En biocombustibles, el Gobierno fijó una alícuota del 0% para determinados biodiéseles elaborados sin aceite de soja, mientras que otros pasarán del 21% actual al 18% en 2027 y al 13% en 2028.
La discusión de fondo sigue siendo la misma: Argentina no puede pretender crecer castigando a quienes producen, exportan y generan divisas. Las retenciones fueron durante décadas una herramienta recaudatoria fácil para financiar un Estado cada vez más grande, pero con un costo enorme para el interior productivo.
En provincias agropecuarias como La Pampa, este tipo de medidas no son abstractas. Impactan directamente sobre productores, contratistas, transportistas, comercios, pueblos y economías regionales que dependen de que el campo pueda trabajar con reglas más razonables.
Ahora bien, el dato también debe leerse con precisión: no se trata todavía de la eliminación total de las retenciones, sino de una baja gradual. El impuesto sigue existiendo y continúa siendo una carga distorsiva. Pero el rumbo es relevante: menos presión sobre la producción, más incentivos para invertir y una señal de normalización para un sector que durante años fue tratado como caja del Estado.
Después de décadas de populismo fiscal, la baja de retenciones representa un cambio de criterio: dejar de ver al campo como un enemigo político o una fuente inagotable de recursos, y empezar a reconocerlo como uno de los motores reales de la economía argentina.
Menos castigo al que produce. Menos Estado metido en la exportación. Más libertad para trabajar, invertir y competir.